A finales de 2022 la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado introdujo una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público, por la que tener plan de igualdad se convierte en un requisito obligatorio, para aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que quieran contratar con la administración pública.
Así la Disposición final vigésima séptima, modifica la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, estableciendo como causa de prohibición para contratar con la Administración, “no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres”.
Hasta ese momento tal requisito solo se exigía a empresas de más de 250 personas trabajadoras, sin embargo, se hacía necesario ajustar las condiciones de contratación con la administración pública al nuevo límite de 50 personas trabajadoras en plantilla, que introdujo el RD 6/2019.
Queda sin resolver, si para considerar cumplido ese requisito se aceptará tan solo el documento firmado junto con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras o se exigirá haber culminado el trámite de inscripción del documento en el Registro Oficial de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad (REGCON). Un detalle que realmente puede marcar la diferencia habida cuenta del tiempo que este órgano está tardando en contestar y, definitivamente, registrar los planes de igualdad presentados hasta ahora.
Y si cerrábamos el 2022 con esta novedad, en 2023 nos encontramos con una nueva alusión al cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad en una ley de importante trascendencia económica para las empresas, la Ley 1/2023 de 10 de enero, de incentivos a la contratación.
El artículo 8 de esta Ley establece los requisitos que deben cumplir aquellas empresas que deseen beneficiarse de las bonificaciones y subvenciones que recoge esta norma, indicando que, para ser beneficiaria, la empresa deberá “Contar con el correspondiente plan de igualdad, en el caso de las empresas obligadas legal o convencionalmente”. En este caso, la ley sí especifica cuándo se considerará que se cumple este requisito, entendiendo que la empresa cuenta con Plan de Igualdad a partir de “la inscripción obligatoria en el registro público de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 901/ 2020”.
La inclusión de estas materias en estas dos importantes legislaciones no es casual, habida cuenta de que parte de los fondos con los que se financian ambas provienen de los Fondos de Recuperación asociados al Plan Next Generation de la Unión Europea, en el que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres figura como eje central de las acciones.
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Las empresas de más de 50 empleados/as sin plan de igualdad, no podrán acceder a las nuevas ayudas a la contratación ni contratar con el sector público.
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